El Tribunal Supremo de Estados Unidos, como todas las instituciones dirigidas por seres humanos, arrastra un historial de errores, algunos de bulto, que minan su legitimidad arbitral y en nada han contribuido a mejorar la sociedad. Siguen algunos ejemplos. En 1857 (caso Dred Scott versus Sanford), el máximo órgano judicial estadounidense falló que los negros, ya fueran esclavos o libres, no podían ser considerados ciudadanos norteamericanos. En 1927 (caso Buck versus Bell), el Supremo se pronunció en favor de la eugenesia, defendiendo la esterilización forzosa de personas con discapacidad intelectual, y rematando su fallo con esta perla: “Tres generaciones de imbéciles bastan”. En 1944 (caso Korematsu versus EE.UU.), en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, decidió el internamiento de los ciudadanos norteamericanos de origen japonés, en una clara discriminación racial colectiva, que consideró pertinente para evitar posibles casos particulares de espionaje…
El pasado 24 de junio, hace mes y medio, el Tribunal Supremo suprimió el derecho al aborto, que había establecido medio siglo atrás (caso Roe versus Wade). Se valió, para ello, de su composición ideológicamente escorada hacia la derecha ultraconservadora, herencia de la Administración Trump, que maniobró para colocar a tres magistrados de esta cuerda. Hoy componen el órgano judicial seis jueces conservadores y tres progresistas, lo que mina su imprescindible imparcialidad y lo habilita de facto como freno y contrapunto a las políticas de la presidencia de Estados Unidos que encarna Joe Biden. Mal está que cualquier órgano de la función pública se comporte con criterios de parte. Pero cuando ese órgano es el Supremo, las consecuencias pueden ser devastadoras.
Estados Unidos está sumido en una guerra cultural que enfrenta los valores liberales con los ultraconservadores, apoyados estos últimos por un entramado de entidades religiosas que no verían con malos ojos el final de la separación entre el Estado y determinadas iglesias, aunque a efectos prácticos eso acercaría EE.UU. a un régimen teocrático. ¿Exagero? Quizás no. El comentario de Trump tras hacerse pública la sentencia contra el derecho al aborto fue: “Dios tomó esa decisión”.
Ahora bien, esta realidad no puede en ningún caso ocultar otra: según una encuesta del Pew Research Center fechada este año, el 61% de los norteamericanos es favorable al derecho al aborto. Ni tampoco que, a la luz de este dato, el Supremo está revelando su muy preocupante desconexión de la realidad social sobre la que aspira a imperar con sentencias como la que ahora motiva estas líneas.
Al igual que ocurre con la larga e indecorosamente demorada renovación de los altos órganos judiciales españoles, la actual composición del Supremo estadounidense, fruto del abuso republicano y de la impericia demócrata para contenerlo, no es en última instancia más que una argucia para mantener importantes cuotas de poder en manos de quienes ya no cuentan con el apoyo de la mayoría en las urnas. Los efectos de todo ello sobre la salud de la democracia son perfectamente descriptibles, en términos, por ejemplo, de derechos sociales: la derogación del matrimonio homosexual podría ser un nuevo objetivo del Supremo. Y no termina ahí el potencial negativo de la mencionada argucia. Tan solo seis días después de su fallo contra el derecho al aborto, el Supremo retiró al Gobierno instrumentos decisivos para trabajar por la reducción de los gases de efecto invernadero, interviniendo así, de modo temerario, en la urgente lucha contra la crisis climática.
Un mayor equilibrio ideológico en el seno del Supremo estadounidense es imprescindible, aunque la condición vitalicia de sus miembros y la juventud de alguno de ellos no lo va a facilitar. Sin ese equilibrio, se está demostrando que tampoco es posible un equilibrio entre los poderes del Estado –el legislativo, el ejecutivo y el judicial–, en cuya ausencia la nave de la democracia zozobra, y la autoridad moral del Supremo avanza decidida rumbo al naufragio: ya solo el 25% de los norteamericanos dice tener mucha o bastante confianza en este órgano con tan alto poder de decisión.

(Publicado en "La Vanguardia" el 14 de agosto de 2022)