El desfile de apoyo a los encausados del 9-N, de escenografía inequívocamente independentista, se quiso presentar como una afirmación democrática. La marcha del lunes, planificada al detalle, fue pródiga en banderas, pancartas y cánticos de parte. También en fotos históricas prefabricadas. Entre ellas, la de los líderes del proceso inmortalizados entre el arco del triunfo del paseo Sant Joan y unas letras de un metro de altura que, debidamente ordenadas a sus pies, componían la palabra democracia. No hacía falta ser semiólogo para descifrar esta foto, en la que se pretendían fundir los conceptos de independencia, victoria y democracia, como si fueran uno solo. Pese a que no lo son. Porque la independencia es un anhelo de una parte de la población catalana. Porque su victoria está en el alero. Y porque la democracia no es lo mismo que la independencia ni que la victoria, sino el sistema de gobierno en el que los gobernantes son elegidos mediante votación en la que cuentan todos los ciudadanos. Todos.

Si el independentismo catalán alardea de ser un campeón de la democracia (mientras trata de imponer su credo con el 47,8% de los votos), el centralismo español alardea de ser el gran defensor y garante del orden legal. Escuchando a sus líderes uno creería estar ante descendientes por línea directa de Justiniano. Cada vez que el presidente del Gobierno y su vicepresidenta suben a la tribuna del Congreso o pillan un micrófono a salto de mata se explayan en encendidas loas al orden constitucional. Entre tanto, hacen un uso inadecuado de los altos tribunales, pescan morralla en las cloacas del Estado y engordan con ella a su vociferante coro mediático.

Todos estos alardes democráticos o legalistas parecen insinceros,  fatuos y, salvo que asome la oreja un dictador en ciernes, innecesarios. En especial, cuando la riña es de patio de colegio. La defensa de la democracia corresponde a todos los ciudadanos por igual, y ninguno es más demócrata que otro por arroparse con determinada bandera. La ley podrán glosarla, abrazarla y adorarla oradores de vuelo más o menos ciceroniano. Pero su defensa e interpretación corresponde al aparato judicial, como corresponde al policial perseguir a quienes la vulneran, y al penitenciario la reinserción de los reos. Todo eso ya está inventado y, si se lleva bien, funciona.

La labor del político, de los de aquí y de los de allá, es otra: trabajar por el progreso de la comunidad con la suficiente cintura para dialogar y hallar soluciones pactadas cuando concurren idearios de distinto signo. Se entiende que eso no sea fácil. E incluso que, en algunas coyunturas, sea temporalmente inviable. Pero resulta ofensivo y cansino que la incapacidad de unos y otros se quiera ocultar tras los mencionados alardes democráticos o legalistas que, a menudo, no parecen sino una impostura, por no decir una tomadura de pelo.

 

(Publicado en "La Vanguardia" el 12 de febrero de 2017)