Unidas Podemos quiere llevar al Constitucional los nombramientos del CGPJ en funciones”. “El PSOE de Madrid planea llevar a los tribunales la exclusión de Largo Caballero e Indalecio Prieto del callejero”. “Ayuso se prepara para llevar a los tribunales la batalla con Illa por el cierre de Madrid”. “El Gremi de Restauració amenaza con llevar a los tribunales al Govern”…
He aquí cuatro titulares de prensa de los últimos días. Son cuatro, recogidos a barullo, pero podrían ser más. Porque aquí ya casi todo el mundo quiere llevar al prójimo a los tribunales. Sobre todo, al prójimo que piensa distinto, pertenece a otro partido político, contraviene sus intereses o se interpone en el camino hacia sus metas.
Se sigue acudiendo a los tribunales con la esperanza de resarcirse de un robo, una estafa o una agresión de cualquier tipo. Pero ahora se va, cada vez más, para que los jueces decidan lo que no deciden unos políticos atrincherados en sus posiciones e inútiles para la negociación y el pacto con sus rivales. Acaso por inep­titud para la transacción, una de las habilidades indispensables en política. Acaso por malicia. Acaso por pereza.
¿Se ha superpuesto una pandemia litigante a la pandemia de la Covid-19, súbitamente? Sí y no. Sí porque sí se ha superpuesto. Y no porque no ha sido súbitamente. Hace tiempo que esa afición al litigio no parece la excepción, sino poco menos que la regla. Son grandes responsables de su vigor actual partidos como Vox y el PP. Antes de tener representación parlamentaria, Vox ya asomaba las orejas en los tribunales. Y el PP es un campeón a la hora de judicializar la política. Así lo demuestra su recurso contra la reforma del Estatut catalán del 2006 ante el Constitucional, un referente para futuros litigantes. O el hecho de que tenga en sus filas a encargados de la estrategia judicial del partido, cargo en el que destacó Federico Trillo, también recordado por su chapucera gestión del caso del Yak-42.
Decíamos que esta afición a los juzgados viene de lejos, y es cierto. Pero también lo es que este año se ha viralizado. Así lo ilustra el siguiente florilegio, recogido los últimos meses (y, de nuevo, una mínima parte de lo publicado): “Abascal promete llevar a los tribunales a quienes traicionen la soberanía del pueblo español”. “Podemos Cantabria ha advertido al consejero de desarrollo rural que de continuar las batidas contra el lobo ‘emprenderá acciones legales contra su persona’”. “Cayetana Álvarez de Toledo quiere llevar al Constitucional su rifirrafe con Pablo Iglesias en el Congreso” (en el que se insultaron, asimétricamente, como sigue: “hijo de terrorista”, “marquesa”). “La CEOE estudia llevar a los tribunales el acuerdo de igualdad firmado por los ministerios de Trabajo e Igualdad y los sindicatos”. Etcétera, etcétera, etcétera.
Casi nadie escapa a esta pandemia. El día que contabilicemos todos los contagios nos vamos a llevar un susto y habrá que aislar a un montón de personas físicas o jurídicas. Ya todo es posible. En agosto, cuando las relaciones entre el Barça y su astro pasaban por horas muy bajas, a la culerada se le partió el corazón leyendo este titular: “El FC Barcelona podría llevar a los tribunales a Messi”. Ni siquiera en Bruselas, donde en ocasiones tienen la bondad de corregir nuestros desatinos, se libran: “La UE amenaza con llevar al Gobierno británico a los tribunales”.
Obsérvese que el verbo que articula este ramillete de titulares varía. A veces se quiere llevar a los tribunales al rival (pero es mero desplante o farol y la cosa se queda en amago). A veces ya se está estudiando la operación (más les valdría a los demandantes estudiar otras materias más instructivas). A veces se amenaza (verbo que evidencia la catadura del litigante). A veces se promete (como queriendo sacralizar lo que solo es una prueba del fracaso y la invalidez de sus impulsores: absurdo). A veces se lleva a los tribunales (y ya queda entonces el asunto en manos de otra instancia y el político litigante se puede echar una siesta, a la espera de que la sentencia le resuelva lo que él no ha sabido resolver).
Según el informe del Ministerio de Justicia del 2019, en España hay 5.593 jueces y magistrados. En ese año ingresaron en la administración de justicia 6.279.302 nuevos asuntos, siguiendo la tendencia alcista que data del 2016. Eso supone, grosso modo, mil nuevos casos por juez. Pero la cuestión no estriba en si los jueces van a ir agobiados y, por tanto, van a contribuir a la acrisolada lentitud de la justicia española, o si por el contrario van a despachar sus casos con más celeridad que matices. La cuestión es que prolifera  el “¡te voy a llevar a los tribunales!”, fomentado por políticos inválidos, maliciosos o indolentes, y luego imitado por todo quisqui, desde los clubs deportivos hasta los amigos del lobo. Y así vamos.

(Publicado en "La Vanguardia" el 25 de octubre de 2020)