El presidente ruso, Vladímir Putin, ha reformado la Constitución de su país para que le permita permanecer en el poder, si así se le antoja, hasta el año 2036. Se trata de una reforma ómnibus, que incluye medidas varias, algunas de corte social, como la defensa de un salario mínimo por encima de la línea de pobreza; otras, de cuño neoconservador, como una educación “patriótica” para los jóvenes, la “consagración” de la ancestral “fe en Dios” del pueblo ruso o la exclusión del matrimonio entre personas del mismo sexo.
Pero la que realmente da manos libres al hombre fuerte de Rusia –desde el año 2000– es la reforma de la ­institución presidencial. En adelante solo se podrá ser presidente dos mandatos (en lugar de “dos mandatos consecutivos”, como hasta ahora). Con una excepción redactada a medida para Putin: salvo si la persona elegida ocupara previamente el cargo, en cuyo caso el “contador presidencial” se pondría de modo automático a cero y podría empezar un nuevo ciclo. Eso significa que la Constitución rusa no permitirá a nadie ser presidente más de doce años. Excepto a Putin, que podría gobernar durante 36. Porque, al agotar su actual mandato en el 2024, podría optar a otros dos de seis años, que acaso le mantuvieran en la presidencia hasta el año 2036, cuando, si sigue entre los vivos, contará 83 años. Dicho en otras palabras, la reputada gerontocracia soviética de la década de los ochenta, ejemplificada por el incombustible ministro de Exteriores Andréi Gromiko, va a ser cosa de niños.
Putin ha expuesto una serie de razones para justificar esta reforma constitucional, entre ellas el deseo de estabilidad para su país y, también, de decencia. Lo de la estabilidad, conocida ya su mano de hierro, se entiende bien. Allí es muy arriesgado no bailar al son del Kremlin. Lo de la decencia es ya algo más nebuloso. Una persona decente es aquella que se distingue por su honradez y dignidad, por su incapacidad para acciones inmorales o delictivas. ¿Cuadra Putin con la definición?
Según Amnistía Internacional, en Rusia se vulneran sistemáticamente derechos humanos como la libertad de expresión y asociación, la corrupción es estructural y endémica, se aplican medidas antiterroristas a los disidentes, el Código Penal tacha de “traidor” a cualquier crítico de la gestión gubernamental y se persigue tanto a las oenegés sociales o políticas como a las de activistas LGTBI.
Además de todo eso, está el controvertido asunto de la fortuna personal de Putin. Oficialmente, sus ingresos como presidente se limitan a unos 150.000 dólares anuales. Pero fuentes occidentales apuntan un poco más alto y dicen que su for­tuna es incalculable, o que Putin po- dría ser el hombre más rico del mundo; estos últimos cifran su capital en una dimensión estratosférica, situada entre los 70.000 y los 200.000 millones de dólares.
Las reformas constitucionales no son malas per se. Al contrario, pueden ser muy convenientes. El quid de la cuestión radica en qué las motiva. Si se trata de adaptar la Carta Magna a las necesidades de una sociedad cambiante, son pertinentes. Si se formulan en beneficio del poder, son intolerables. Luego está el factor coyuntural: ahora proliferan los populismos y los gobernantes inútiles, psicópatas o autoritarios. No hace falta que ilustre estos perfiles con nombres propios: están en la mente de todos. Y si se incrementa su número podemos llegar a una situación muy peligrosa. Por ello terminaré proponiendo otro tipo de reforma constitucional que no tiene quizás muchos precedentes, pero que ya es necesaria: una reforma que introdujera algunas exigencias básicas para los aspirantes a los más altos cargos de representación pública.
Esas exigencias para quienes se postulan como futuros gobernantes pasarían, por ejemplo, por la superación de un test en el que debería acreditarse un mínimo nivel de inteligencia, uno no menor de bonhomía y de generosidad, además de demostrarse que no se sufre ningún tipo de psicopatología ni  tendencia alguna a abonar la desigualdad o el odio.
Algunos relacionarán esta propuesta con una hemorragia de buenismo sufrida por quien esto firma, rasgo que puede ­denotar ingenuidad. Pero eso no quita que sea necesaria, e incluso diría que urgente. Para apreciar tal urgencia, basta con fijarse en quien manda en Rusia, en Estados Unidos o en Brasil. Por citar unos pocos países. Cada día ganan posiciones nuevos sátrapas, también en regímenes que son formalmente democráticos, pero en los que el progreso de los indeseables corrompe irremediablemente el sistema. Hay que empezar a hablar de este tipo de reformas constitucionales. Antes de que se constitucionalice de facto la indecencia y de que dejemos definitivamente el mundo en manos de los depredadores y los insensatos.

(Publicado en "La Vanguardia" el 16 de agosto de 2020)