De momento, y espero que por muchos años, en Catalunya hay libertad de expresión. Pero cuando escribes, como hice la semana pasada, que en el Ayuntamiento de Barcelona hay más concejales de izquierdas (28) que indepes (15), desde medios soberanistas te acusan de formar parte de una “operación de Estado”. Es decir, de actuar engranado con poderes estatales que, según dichos medios, habrían maniobrado para que Ernest Maragall no fuera alcalde. No es mi caso.
Aún a riesgo de aburrirles –algo imperdonable– les diré cuatro cosas sobre mí. Nunca he escrito al dictado de un poder político. Me parecería absurdo poner mi firma en lo que dictaran otros. Mis opiniones no son exclusivas, pueden coincidir con otras, pero no obedecen consignas ni se articulan en operaciones. No he estado en nómina de fundaciones subvencionadas por partidos políticos. Trabajo en un diario en el que publican uno al lado de otro articulistas independentistas, constitucionalistas,  de la tercera vía, etcétera. No me interesa más la política que el periodismo. No tengo teléfonos de políticos en mi agenda ni les frecuento (algo que, por cierto, tampoco indicaría complicidad)… Nada de esto es muy especial. Pero ya es más de lo que hacen quienes gratuita e interesadamente asocian a  periodistas como yo con operaciones de Estado, negándoles su independencia. En psicología esta actitud se conoce como proyección: se acusa a los demás de la propia conducta. En general, se llama difamación.
El poder, en Madrid o Barcelona, tiende a considerar enemigos a quienes no le rinden pleitesía. Y desde que empezó el procés, más. Pero eso no siempre se ajusta a la realidad. Si se repite de modo interesado es para dañar la credibilidad de los medios y la de quienes opinan en ellos, aunque lo hagan sin faltar a su libertad ni a su responsabilidad.
Desde el poder, catalán o español, se cree que casi todo vale con tal de defender su doctrina. Lo cual es otro error. Las cloacas del ministerio del Interior apestan y es obligado denunciarlo. Pero eso no demuestra que el poder catalán sea mejor, ni un modelo de buenas prácticas. No lo es. Y la primera labor de sus medios afines debería ser explicarlo.
Cuando estudiaba periodismo, se nos presentó el declive de la prensa partidista, allá por el siglo XIX, como un progreso. Entonces estábamos aún lejos del rigor  informativo de ciertos rotativos anglosajones, que nos parecían ejemplares. Desde hace años, algunos de los diarios de Madrid compiten por el favor del poder con portadas que a veces dan risa, a veces vergüenza ajena. Entretanto en Catalunya, desde la televisión pública hasta diarios digitales con respiración asistida han teñido su oferta periodística con sus colores editoriales. Quizás todos esos medios, sin darse cuenta, coincidan en una misma operación de Estado: la que no le haría ascos a limitar la libertad de expresión. La de los otros, claro.

(Publicado en "La Vanguardia" el 16 de mayo de 2019)