Con la salida de Jordi Turull de Lledoners, el pasado martes, los nueve condenados en el juicio del procés disponen ya de permisos regulares para abandonar la cárcel, en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario. El más favorecido puede estar doce horas diarias, de lunes a viernes, fuera de la prisión. La menos favorecida, ocho horas diarias tres días a la semana. Unos aprovechan estos periodos para trabajar; otros, para participar en voluntariados; otros, para atender a familiares de edad avanzada.
Es una buena noticia que los políticos presos vayan recuperando su libertad, aunque por ahora sólo sea a ratos. Lo es para ellos, que ven aligerada su condena. Lo es para la sociedad, en la que se introduce un factor de distensión. Lo es para el sistema judicial, que impuso a dichos reos penas muy severas. Y lo es para el sistema penitenciario, que usa así sus mecanismos atenuantes.
Quizás no les parecía tan buena noticia a los recalcitrantes de la Meridiana, que desde el 14 de octubre, cuando se conoció la sentencia del procés, han protestado contra sus condenas cortando tal avenida a diario, entre ocho y diez de la noche. Así ha sido durante 151 días, hasta que la cita se desconvocó el viernes por el coronavirus (en adelante conceptuado quizás por los indepes como bicho españolista), y a pesar de que, de facto, había empezado ya la revisión de la condena. Si el 14 de octubre les hubieran dicho a los presos, algunos con penas de 13 años, que cinco meses después iban a pasar sus horas laborables extramuros, pocos lo hubieran creído. 
Por decirlo en palabras de su proyectista, Ildefons Cerdà, la Meridiana es, junto a la Diagonal y la Gran Via, una de las “vías trascendentales” de Barcelona, su principal salida en dirección norte. Cada día circulan por ella cerca de 60.000 vehículos. Durante 151 días han sufrido allí desvíos y retrasos de hasta 45 minutos automovilistas y usuarios del transporte público que volvían a sus domicilios tras la jornada laboral. También se han visto perjudicados los vecinos y los comerciantes de la zona.
Los activistas invocaban el derecho de manifestación para actuar a su antojo. También lo ha invocado la Conselleria d’Interior para desestimar los numerosos informes que le ha remitido la Guardia Urbana, alertando sobre los riesgos de estas acciones. Y, además de invocarlo, lo ensalzaban y lo presentaban como alto ejemplo de resistencialismo, dignidad y otras supuestas virtudes regularmente esgrimidas por los independentistas partidarios de la confrontación con el Estado.
Otros lo veían de distinta manera y afirmaban que el corte de la Meridiana se había convertido en un abuso desproporcionado. También en algo parecido a la lucecita del Pardo en versión indepe. Es decir, en la prueba simbólica –algunos días los reunidos no pasaban del medio centenar, pero fastidiaban igual a miles de personas– de que este movimiento no deja de trabajar nunca, para mantener con un hilo de vida la revolución pendiente del independentismo. O, dicho de otro modo, en la prueba de un abuso de derecho, y de poder, perpetrado a pie de calle por unos y en los despachos por políticos que no dudan en gobernar sólo para una parte de la población y en contra de la otra.
El abuso de derecho está descrito en el artículo 7.2 del Código Civil, y debería ser aplicable a todos los ciudadanos, desde el alto magistrado hasta las clases pasivas. “La ley –dice dicho artículo– no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que (…) sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a (…) las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia del abuso”.
¿Cuadra este artículo con lo que sucedía a diario en la Meridiana, donde se abusaba del derecho de manifestación sin que los abusones obtuvieran ningún beneficio tangible, más allá del daño  causado a terceros, alardeando además de su actitud desafiante? Pues sí que cuadra. Y no está de más recordar aquí que si lo que se pretendía era hallar ya una salida al conflicto, hay una mesa de negociación en marcha entre la Generalitat y el Estado, sin duda más útil y menos incordiante que la obstinación de los incorregibles.
Pero ya es sabido que los militantes tienen un concepto particular de la ley. Es buena cuando favorece su causa y mala cuando les recrimina sus excesos. A Albert Batlle, teniente de alcalde de Prevención y Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, le han llegado a relacionar con el general Martínez Anido, y no por aplicar la ley de fugas, sino por oponerse a los cortes, como le exigía su responsabilidad pública.
¿Qué país es este en el que el Departament d’Interior ha amparado, durante 151 días, un desorden público, propulsado por los activistas de la ANC?

(Publicado en "La Vanguardia" el 15 de marzo de 2020)